La AVC incoa expediente a la Diputación, Asociación y empresas de transporte de viajeros de Guipúzcoa.

La Autoridad Vasca de la Competencia ha incoado un procedimiento sancionador contra la Diputación ,la Asociación empresarial AVITRANS y 25 empresas asociadas por la supuesta realización de prácticas anticompetitivas en el sector del transporte de autobús en Guipúzcoa, tras las inspecciones efectuadas el pasado diciembre en 25 empresas del sector del transporte de viajeros por carretera, en la Diputación foral de Guipúzcoa y en la Asociación empresarial de transportes interurbanos de Guipúzcoa (AVITRANS).

La incoación de un expediente de estas características no prejuzga el resultado final de la investigación, manteniéndose el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente por la AVC, sin perjuicio de las suspensiones de plazo que se pudieran producir durante la tramitación del expediente.

Entre los afectados se encuentra la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Eusko Trenbideak, la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Guipúzcoa (Avitrans) y la práctica totalidad de las empresas operadoras asociadas.

Del análisis de la información a disposición de la AVC se desprende la existencia de indicios racionales de infracción del artículo 1 de la LDC que tendría por objeto repartirse el mercado y acordar los precios del transporte de viajeros por carretera en Guipúzcoa en sus diversas modalidades.

Los indicios de la posible infracción de la LDC que motivan la incoación de este expediente y la calificación que se especifica son de carácter provisional, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del mismo.

Expedientes similares se han abierto en su día contra la federación balear de transporte y la asociación de empresarios de transporte discrecional de Málaga así como a varias de sus respectivas empresas asociadas.

Se supone que en todos los casos el organismo de competencia ha actuado a petición de parte interesada, es decir de alguna empresa que formuló la correspondiente denuncia y será en la tramitación de los expedientes abiertos cuando se compruebe si los hechos denunciados, una vez probados, suponen infracción a las normas de la competencia.