El coste de la no intervención de Europa en la economía compartida: oportunidades y desafíos económicos, sociales y legales

El Parlamento Europeo ha publicado un estudio a través del cual analiza la actual situación económica, social y legal de la economía compartida en la Unión Europea, e identifica los costes de la falta de más actuaciones en este campo por parte de las instituciones europeas.

La evaluación de la legislación europea y nacional muestra que existen grandes lagunas en cuánto a la información existente y confirma que la economía compartida emerge como un problema complejo, no sólo por su propia definición, sino por las importantes controversias económicas, sociales y medioambientales que conlleva.

Resulta difícil determinar el alcance de la economía compartida, lo que sí puede asegurarse es que ha cambiado el panorama económico mundial debido a su velocidad de expansión y dinamismo. Sin embargo, aún existen notables barreras que impiden que pueda alcanzar los objetivos europeos.

Los resultados extraídos del estudio pueden sintetizarse en tres grandes materias: el potencial de la economía compartida, los obstáculos y barreras con los que se encuentra y los límites del marco legal existente.

El estudio muestra cómo, con el trascurso del tiempo, la naturaleza de la economía compartida cambiará a medida que su alcance vaya creciendo, y en consecuencia los consumidores se verán beneficiados de unos precios más bajos y un incremento en la calidad.

Por su parte, los proveedores del servicio podrán disfrutar de nuevas oportunidades económicas, pero se verán restringidos a la hora de acceder a otros beneficios que proporcional el empleo tradicional.

En cuanto a los proveedores de servicios tradicionales, deberán enfrentarse a un mercado mucho más competitivo, aunque no se producirá una escasez de recursos, ya que las economías compartidas colaborarán para una optimización de los ya existentes, como en el caso del transporte, en el uso del espacio de las carreteras.

La necesidad de un cierto nivel de acceso a la tecnología digital es actualmente un importante obstáculo para las plataformas de economía compartida. Sin embargo se espera que el uso de los smartphones y dispositivos tecnológicos siga creciendo un 90%, por lo que esta barrera terminará desapareciendo.

Otra de los límites que examina el estudio son las restricciones geográficas presentes en la participación de algunos usuarios en las plataformas, ya que éstas suelen centrarse en grandes áreas urbanas dejando de lado las zonas con menor densidad de población.

Existen numerosas áreas de la economía compartida que no han sido tomadas en consideración por la regulación europea, por tanto el desafío más importante será dirigir políticas que implementen la regulación de aquéllos sectores que más lo demanden, como es el caso de la protección de los consumidores, la regulación de las condiciones de los trabajadores (salario mínimo, horario, responsabilidad), la recaudación de impuestos, la protección de datos y el cumplimiento de las normas sobre competencia.

La aparición de la economía compartida ha expuesto a los Gobiernos a importantes desafíos en la creación de sus nuevas políticas, ya que éstos necesitarán por un lado, promover las nuevas plataformas y por otro, respetar los modelos económicos tradicionales y los límites que impone la normativa europea.

La lista de recomendaciones del estudio trata de responder la siguiente pregunta: ¿qué medidas adicionales deben ser tomadas a nivel europeo para aprovechar el potencial de la economía compartida mientras se contribuye al equilibrio de la libertad de crear un negocio?

Por tanto, puede concluirse que el mayor reto europeo es asegurar que los usuarios de la economía compartida (tanto los proveedores como los consumidores) estén sujetos a una clara, estable y equitativa regulación que les proporcione un nivel adecuado de seguridad en cuánto a obligaciones y protección de sus derechos.