Muy Sres. nuestros:
Con el objeto de estimular las prácticas de responsabilidad
social para alcanzar unos mayores niveles de desarrollo
económico y competitividad empresarial, de calidad
en el empleo, de bienestar social, de cohesión territorial
y de sostenibilidad ambiental, la Comisión de Seguimiento
y Evaluación del Diálogo Social, formada por representantes
del Gobierno, CEOE, CEPYME, CC.OO y UGT, aprobó el
pasado 19 de diciembre un documento sobre "La responsabilidad
Social de las Empresas (RSE). Diálogo Social".
Dicho documento contempla dos grandes capítulos;
por una parte, el concepto y ámbito de la RSE, y por
otra, las políticas públicas. Como contenido del primero
de ellos, el Diálogo Social fija el alcance y define
el concepto de RSE, incluyendo las premisas, objetivos
y los principios generales de la Responsabilidad Social
de las Empresas.
De este modo, desde la perspectiva del marco del
Diálogo Social, entienden que la premisa fundamental
de la Responsabilidad Social es la defensa de un modelo
económico sostenible, responsable y con plena participación
de los interlocutores sociales. Al mismo tiempo, la
RSE pretende dar respuesta al requerimiento de la
transformación de las empresas impulsando un modelo
de empresa innovada, sostenible, socialmente responsable
y con modernas y equilibradas relaciones laborales.
En relación a las políticas públicas, se considera
que la RSE precisa de un decidido impulso que promocione
y fomente las prácticas y las acciones de responsabilidad
social enmarcadas en la estrategia compartida de progreso
social, crecimiento económico y desarrollo sostenible.
La finalidad debe ser la de incentivar y atraer sobre
la base de las oportunidades que a medio y largo plazo
presentan esas prácticas, cuyas ventajas se vinculen
a aspectos que mejoran la competitividad empresarial,
así como la creación de empleo, la cohesión social
y el respeto al medio ambiente.
Asímismo, se establece que las políticas públicas
de estímulo deberían evitar encarecer o añadir nuevas
obligaciones o cargas administrativas, directas o
indirectas, a la actividad empresarial o a las prácticas
de RSE.
Finalmente, el documento concluye con una última
propuesta referida a la creación de un Consejo de
RSE, compuesto por las organizaciones empresariales
y sindicales más representativas, representantes de
organizaciones no gubernamentales y las Administraciones
Públicas, que tendrá como funciones, entre otras,
asesorar al Gobierno en materias vinculadas a la RSE.
Circular remitida a: Comité Ejecutivo, Junta Directiva,
Presidentes de Asociaciones Territoriales y empresas
directamente afiliadas.
